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Noticias internacionales

Especial para FSC-CCOO y la FIP

El 11 de septiembre pasado, al tiempo que se conocía la orden de investigación emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el espionaje ilegal de la policía secreta de ese país a periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en los juzgados especializados de Bogotá un testigo confirmaba lo que abogados y víctimas han denunciado desde hace 14 años: la persecución del clausurado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra la oposición tuvo su origen en los discursos y señalamientos del exmandatario.

Así lo afirmó el exdirector de Desarrollo Tecnológico del DAS, Jorge Armando Rubiano Jiménez, durante su declaración en el juicio que se sigue al exjefe de Contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán y al exdetective del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) Ronal Rivera Rodríguez por la tortura psicológica de dicho organismo en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

Si bien ya son cinco las órdenes de investigación contra el expresidente Uribe (2002-2010) por los hechos del DAS, el testimonio de Rubiano es el primero que enlaza directamente las acciones ilegales de esa entidad en contra de al menos 300 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y congresistas de la oposición con los pronunciamientos y posiciones del entonces jefe de Estado.

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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresa su firme rechazo a la detención de siete periodistas en plena cobertura informativa el último 20 de octubre. Dicho ataque al derecho a la información constituye un hecho sin precedentes en la última década en el país. La ANP quiere llamar la atención sobre lo acontecido -más allá de la liberación de los periodistas- puesto que la cobertura de temas de conflicto social vuelve a poner en el blanco a quienes tienen la responsabilidad de informar.

Los periodistas Martín Ramos Mamani, de Stereo Uno; Walter Porras Laguna, del semanario Vista Previa; Carlos Zuñiga Zeballos, de TV Austral; Jesús Fernández Rivera, de TV Unsa; Giancarlo Aragón Villanueva, de Quatro TV; Jorge Gámez Zuñiga, del diario Sin Fronteras y Julio Revilla Riega, fueron detenidos en pleno desplazamiento cuando se encontraban de retorno a la provincia de Arequipa tras registrar imágenes en una de las minas de la empresa Buenaventura, en Caylloma. Los reporteros habrían recogido información sobre los relaves mineros en la cabecera de cuenca del río Colca. Al volver, encontraron el camino bloqueado por montículos de tierra. Enseguida, unos 15 efectivos policiales los intervinieron y los trasladaron bajo detención por los supuestos de usurpación y minería ilegal.

La ANP saluda la inmediata reacción solidaria de los periodistas de Arequipa, Caylloma y Camaná que hizo posible la liberación de los colegas denunciando el abuso de autoridad de los efectivos policiales quienes habrían maltratado y amenazado a los comunicadores sociales. Es inconcebible que los efectivos afirmen que no identificaron a los periodistas como tal pese a que estos llevaban en las manos sus herramientas de trabajo -cámaras y celulares-.

La ANP demanda una respuesta inmediata del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú -en particular- a quienes demandamos activen sus procedimientos internos para identificar y sancionar de manera ejemplar a los responsables de esta vulneración al derecho a la libre circulación y libertad de información de nuestros colegas.

Es hora de convocar con carácter de urgencia a una mesa de trabajo entre el Ministerio del Interior y el gremio periodístico. Hechos como los sucedidos en Caylloma no pueden volver a repetirse. Exigimos respeto pleno al trabajo de reporteros y camarógrafos y la adopción de medidas que conviertan a los efectivos policiales de nuestro país en garantes del ejercicio del derecho a la expresión e información de los periodistas y de la colectividad en su conjunto. Hay necesidad de instruir con claridad a los efectivos policiales sobre la naturaleza de nuestro trabajo y, sobre todo, desterrar ese carácter represor que ha caracterizado las actuaciones de dichos agentes durante regímenes no democráticos.

La ANP recuerda que no es la primera vez que los periodistas son objeto de agresiones en coberturas de conflictos sociales y medioambientales. Por ello, invocamos al área de la Presidencia del Consejo de Ministros responsables de mediar en estos casos para atender los reclamos de la población del distrito de Choco en torno a la actividad de la minera Buenaventura en el sur del país.


Lima, 24 de octubre del 2017


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Bruselas, 18 de julio de 2018 - Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) se unen a sus afiliados españoles para condenar la brutal agresión al fotoperiodista Jordi Borrás el pasado lunes en Barcelona y piden una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y sancionar al agresor.

Según ha informado el diario Mon, el fotoperiodista, que trabaja para este mismo periódico, se encontraba caminando por el centro de la ciudad cuando un hombre le reconoció y se acercó hasta él al grito de “viva Franco” y “viva España”. Posteriormente, le agredió con varios puñetazos en la cara. Borràs fue atendido por los servicios médicos ya que tenía la nariz rota y varias contusiones.

Según este mismo periódico, el presunto agresor, que vestía de paisano, mostró una placa de policía nacional antes de abandonar el lugar. El propio cuerpo de policía ha confirmado esta información y ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario al agente, que ya ha sido identificado.

Borrás es un fotoperiodista conocido por sus trabajos periodísticos sobre los movimientos de extrema derecha en Europa y en España y ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos ultras. Esta agresión supone un intento intolerable de intimidación y coacción a un periodista por hacer su trabajo. Estos hechos son especialmente graves porque la agresión fue cometida por un agente de la policía, es decir, por quien tiene entre sus deberes proteger el derecho constitucional a la libre información.

“La agresión supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Instamos a la Jefatura de Policía a que abra una investigación urgente y depure las responsabilidades que correspondan por este ataque a un fotoperiodista”, ha afirmado Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

“La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide que se esclarezca lo ocurrido y, en su caso, se adopten las medidas disciplinarias que correspondan, porque los policías deben respetar el trabajo que realizan los profesionales de la información al servicio de un derecho constitucional de la ciudadanía y no ponerles obstáculos ni, mucho menos, agredirles”, ha declarado al respecto Agustín Yanel, Secretario general de la FeSP.

Por su parte, fuentes de la Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO ha condenado enérgicamente la agresión y ha reiterado la necesidad de que los periodistas españoles puedan ejercer su labor informativa con las garantías y seguridad propias de un Estado de Derecho, que reconoce el derecho a la información como uno de sus principios constitucionales.